Fue en 2008, gobernaba en España el PSOE bajo la presidencia de Rodriguez Zapatero, nunca hasta entonces se habían escuchado en el parlamento español los nombres de muchos de los que lucharon contra Franco. Parece ser que ni Zapatero ni nadie de los que allí se encontraban se avergonzaron de si mismos al oír las contundentes palabras de Tardá.
La prensa, los medios de comunicación, los periodistas, no se hicieron eco de la intervención de Tardá, actuaron ante este discurso según les indicó Juan Carlos de Borbón, en 1973, todavía príncipe de Asturias, con ocasión de la entrega de los premios nacionales de periodismo:
“Vuestra labor es difícil y de gran responsabilidad, pues necesitáis, además de unas condiciones especiales para captar la realidad, una gran ponderación y sacrificar, incluso, algún éxito personal en aras de la discreción”
Sesión de las Cortes, Madrid, 25 de noviembre 2008-11-26
Diputado de ERC D. Joán Tardá
Señorías,
¿Conciben que en el Parlamento alemán pudiera existir una sala dedicada a un jerarca nazi? ¿Conciben que en la Alemania actual pudiera desfilar en una parada militar un representante de la Legión Cóndor? ¿Conciben una Alemania con la cruz gamada en los edificios públicos porque son patrimonio histórico?
Evidentemente, no. En Alemania, no. Pero aquí, sí, Aquí, en este parlamento existe una sala dedicada a un ministro franquista corresponsable de muertes y ejecuciones. Aquí se ha promovido por parte del ministerio de Defensa la participación de un miembro de la División Azul un 12 de Octubre. Y sólo hace falta pasear por calles y plazas para darse cuenta de la excepcionalidad y la anomalía del caso español.
La llegada al poder del PSOE en 2004 renovó la esperanza que, finalmente, el Estado español dejaría de ser una democracia incapaz de metabolizar su pasado totalitario. Gestos como la mención a su abuelo fusilado por parte del Presidente del Gobierno en el discurso de investidura o el compromiso adquirido por la Vicepresidenta de proceder a la anulación de la sentencia de Lluís Companys vino a reforzar la esperanza de miles de víctimas de la Dictadura y de sus descendientes.
Pero el resultado de la ley fue muy otro. Hoy, el presidente del Gobierno no podría articular aquellas palabras. Tanto es así, que no solamente no piensa modificar la ley, sino que pretende dar carpetazo a las demandas de las entidades memorialistas al afirmar que todo lo que “esté en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato”. Ya en otra ocasión, los republicanos catalanes le instamos a no defraudar a las víctimas, de manera que sus descendientes y nuestros jóvenes puedan sentirse tan orgullosos de nosotros como nosotros nos sentimos deudores hacia las víctimas antifascistas, allegadas familiarmente o no. Sus últimas palabras denotan que las pronunciadas en la sesión de investidura no eran sinceras.
La llamada Ley de la Memoria no es suficiente y ofende por no reconocer a todas las personas represaliadas ni otorgarles la condición jurídica de víctimas. La ley, además, obvia la calificación de Crímenes contra la Humanidad para aquellos realizados sistemáticamente por el Franquismo, no reconoce el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar establecidos por la ONU, no anulan las sentencias de tribunales ilegítimos e ilegales, no restituyen los patrimonios expoliados y ni tan siquiera retiran las distinciones y títulos otorgados a los criminales.
Señorías, urge modificar la Ley para reparar a todas las víctimas y para que el Estado asuma todas las responsabilidades que se deriven. Hace un año sólo lo decíamos nosotros. Hoy, el Comité de Derechos Humanos de la ONU nos da la razón. Hoy, la ONU les insta a derogar la Ley de Amnistía de 1977 por la impunidad que consagra.
Han levantado un edificio argumental sobre los cimientos de la ambigüedad legal del período preconstitucional y no sobre la legislación internacional suscrita por el Estado de acuerdo con la CE. Por eso, ya es hora que reconozcan y apliquen la legalidad y las recomendaciones de las Naciones Unidas.
Si los Estados del cono sur americano han sido capaces de hacerlo, la sociedad española también debería. Y más, en un momento en que el perseverante compromiso de las entidades memorialistas, la no claudicación del republicanismo, la implicación del mundo académico y sobre todo la llegada a la madurez vital y política de una nueva generación de ciudadanos alejados de secuestros mentales y de complicidades ante la impunidad, ha conllevado la socialización del debate del porqué de las víctimas no resarcidas del Franquismo.
Porque, además, la actual ley crea arbitrariedades incongruentes, como el hecho de diferenciar a las víctimas de hechos represivos acaecidos antes de 1968 de aquellas otras con posterioridad a esta fecha. ¿Acaso la dictadura y la represión se inició en 1968? ¿Qué razón justifica que los familiares de Julián Grimau no puedan acceder a las mismas reparaciones que los familiares de sus compañeros de partido asesinados en Atocha en 1975?
Recientemente, la película Salvador ha permitido que miles de personas revivieran con emoción –y otras con cierta vergüenza por su pasividad- el asesinato de Estado a garrote del anarquista catalán Puig Antich en 1974. Muchos más, niños y adolescentes entonces, han descubierto la brutalidad de la Dictadura sufrida por sus padres y abuelos. Y, aún así, ustedes, se han atrevido a reglamentar para excluir a Puig Antich de las reparaciones, como a tantos otros luchadores antifranquistas, mientras torturadores como Melitón Manzanas han recibido honores y reparaciones económicas por parte de la democracia española.
A pesar de todas las desmemorias, nuestra juventud es consciente del pasado inmediato. Del lastre que significa, todavía hoy día, que el Dictador muriera matando. Y así fue. El 30 de septiembre de 1975, mandó fusilar a cinco ciudadanos antifranquistas en un mismo día, entre ellos a Juan Paredes Manot “Txiqui”. Ante las protestas internacionales, el Régimen reaccionó mediante una manifestación de adhesión. Y la historia ha fijado el momento: allí en el balcón, al lado del Dictador, estaba el actual Jefe del Estado Juan Carlos de Borbón.
Ateniéndonos a tales hechos históricos, ¿cómo es posible que, hoy, el gobierno socialista haya tenido la desfachatez de dejar al margen del reconocimiento y de las reparaciones a ciudadanos fusilados hace tan solo treinta y pocos años?
Este parlamento debería legislar –y así lo proponemos- a favor de la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales de la Dictadura, no tan solo por ilegítimos sino también por ilegales. Ustedes no pueden condenar a las víctimas, a sus descendientes y a los ausentes al calvario, a la ignominia de tener que aspirar a una posible revisión a través de un pleito con el mismo Estado. Muchas de estas familias desde hace treinta años lo estuvieron intentando infructuosamente. Pregunten a los hijos del ministro de Industria de la II República Joan Peiró, fusilado en 1942, la frustración que genera que todavía hoy día la Sala Militar del Tribunal Supremo se haya pronunciado en contra incluso de la revisión de su proceso. Militares lo condenaron, militares lo asesinaron, militares de la democracia le niegan la revisión.
Habíamos creído que Rodríguez Zapatero enterraría el desprecio hacia las víctimas republicanas de los campos de exterminio nazis del presidente del gobierno Felipe González cuando rechazó asistir a los actos de celebración del cincuenta aniversario de la liberación del campo de Mauthausen en el año 1995 y que, finalmente, se dilucidarían las responsabilidades del Estado español. Pero la ley lo omitió todo. Ustedes no quisieron atender a ninguna de nuestras razones. Y en cambio, hoy, ustedes saben que están en una posición muy, muy débil.
Tan latente es la injusticia que los propios Tribunales de Justicia españoles, y al amparo de la legalidad internacional, se declaran competentes para juzgar los crímenes. Así, el juez titular del juzgado nº2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se ha declarado competente para juzgar a cinco nazis, actualmente residentes en EEUU, que deberán ser extraditados para que puedan ser juzgados en Madrid por Crímenes contra la Humanidad.
A menos que ustedes consigan impedirlo. ¿Qué harán ahora? ¿Van a comprometerse a favor de la justicia o se visualizará, de nuevo, la voluntad del aparato estatal de obstruir su camino? ¿Actuarán de igual forma como han procedido con el juez Garzón, presionando políticamente mediante la Fiscalía General del Estado? ¿Ordenarán a los fiscales territoriales el archivo de las denuncias presentadas? ¿Coaccionarán la judicatura prefigurando la prescripción de los delitos? ¿Qué le espera ahora al juez Ismael Moreno? Porque ustedes saben que si se juzga en Madrid a los nazis asesinos de republicanos habrá que poner encima de la mesa los pactos Himmler-Serrano Suñer y la condena por parte de Naciones Unidas del régimen franquista. Y les recuerdo que Lluís Companys fue deportado y entregado por la misma Gestapo a la policía española.
La labor ingente de las entidades memorialistas alimenta el anhelo de justicia y nos acerca a las víctimas ignoradas de la Dictadura, como los niños secuestrados que fueron otorgadas a familias adictas al régimen, como en Argentina. No debe sorprendernos tanta maldad, debería hacernos reflexionar el gran desconocimiento que tiene la sociedad, jóvenes y también mayores, de la crueldad de la Dictadura. Una Dictadura sanguinaria y prolongada. Franco fusiló entre 1939 y 1947 una media de 10 personas al día, el mayor genocidio de las dictaduras occidentales del siglo XX en época de paz. Y con campos de concentración como en la Alemania nazi. Con prisioneros esclavos de fábricas que capitalizaron empresas hoy día boyantes.
Y ante ello, ustedes, y en palabras del propio Presidente del gobierno coincidiendo -¡qué casualidad!- con el extremista Rouco Varela, nos piden que olvidemos.
Por no abrir heridas, por no alentar venganzas, por conseguir la reconciliación… ¿Acaso el conocimiento de la crueldad nazi ha abierto heridas en Alemania? ¿Acaso en Francia los homenajes a la Resistencia pretenden ser venganzas contra los colaboracionistas de Vichy? ¿Acaso los monumentos a los partisanos en Europa impiden la reconciliación? ¿Por qué en el Estado español, pues, los guerrilleros, homenajeados por la república francesa siguen considerándose bandoleros?
No señores y señoras diputadas. No hay reconciliación sobre el olvido. Como dice Amnistía Internacional, no se puede pasar página sin antes haberla leído.
Y puestos a leer páginas, hemos de leer también las de la II República Española.
Porque la sublevación militar de 1936 fue un intento de acabar con la etapa de democratización y progreso social que instauró la República. Una República, que es el embrión del actual Estado democrático, social y de Derecho. Una República de libertades como el sufragio universal, la pluralidad y descentralización territorial o la separación Iglesia-Estado. Una República de derechos como el de la enseñanza universal gratuita, de la protección social de las clases trabajadoras o del matrimonio civil y el divorcio.
Señoras y señores diputados, me siento orgulloso de los logros de esa República, y me avergüenza que ustedes –y especialmente la izquierda española- no lo sientan igual. Sin complejos. Sin censuras.
Es por ello que la segunda parte de la ley que hoy presentamos está dirigida a reconocer y recordar la República, tanto pedagógicamente, como institucionalmente, instaurando el 14 de abril como el Día de la Memoria Histórica.
Apelamos a esta Cámara, y especialmente a la izquierda española –PSOE e IU- y a los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes que votaron la actual Ley de Memoria. Les apelamos para que sin olvidar a los ya recordados, podamos legislar para hacer justicia y recordar a los olvidados. Mientras esto no suceda, no podrá haber reconciliación. El pasado no puede quedar enterrado en fosas. Hay que desenterrarlo para que los muertos descansen en paz. Para que sus hijos e hijas también lo puedan hacer. El Estado no puede promover la abertura de fosas como si se tratara de una excavación arqueológica de un cementerio romano. Si en Bosnia, Argentina o Chile se han investigado las desapariciones, la policía Judicial, la fiscalía y la justicia española tienen que ser las responsables de investigar las causas de las muertes, quienes fueron sus responsables y la identificación de las víctimas. ¿O es que no estamos en un estado de derecho?
En una sociedad democrática madura este proceso lo debería llevar a cabo el gobierno y este Parlamento. Y culminar la catarsis mediante la intervención del Jefe de Estado, la máxima representación institucional del mismo Estado, pidiendo perdón a las víctimas. Porque además Juan Carlos de Borbón fue el heredero nombrado por Franco, fue él quien juró desde esta misma tribuna los principios del Movimiento Nacional. A él, se le debe exigir este acto de honradez y de coherencia a fin y efecto de simbolizar la plena superación por la democracia del pasado autoritario del Estado.
Señorías, solicitamos su apoyo para dar luz verde a la proposición de ley de los republicanos catalanes para que, finalmente, podamos disponer de un texto legislativo que permita al Estado español homologarse al resto de sociedades democráticamente maduras. En beneficio de la justicia y de la verdad, y en favor del fortalecimiento de los valores democráticos de la ciudadanía. No lo duden, sólo reparando previamente todas las injusticias del pasado nuestra sociedad estará en condiciones de superar las violencias presentes y las incertidumbres futuras.
Gracias.
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